Gremios empresariales y de trabajadores expresaron su enérgico rechazo al asesinato de 13 mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad, hecho que atribuyen a mafias vinculadas a la minería ilegal.

Mediante un comunicado conjunto, señalaron que este crimen evidencia el alarmante avance del crimen organizado en zonas dominadas por economías ilícitas, a pesar del actual Estado de Emergencia y la presencia militar en la región.

El pronunciamiento fue suscrito por organizaciones como la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Adex, Canatur, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la CGTP, Perúcámaras, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, entre otras. Estas instituciones advirtieron que la violencia no se limita al sector minero, sino que también afecta a trabajadores y empresarios de diversos rubros en todo el país. Asimismo, denunciaron la ineficacia de políticas como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que, según afirmaron, solo perpetúa la informalidad y la inseguridad.

Los gremios exigieron al Ejecutivo tomar el control de la situación y liderar una respuesta decidida contra las redes criminales que operan en el país. Reclamaron una política pública coherente y efectiva que no solo confronte a las mafias, sino que también impulse una formalización minera real y sostenible.

A través del mismo documento, insistieron en que el Perú necesita un Estado con presencia real, capaz de proteger la vida, el trabajo y el desarrollo económico formal. “No se puede seguir permitiendo que la criminalidad desplace al Estado ni que los ciudadanos vivan bajo amenaza constante”, advirtieron.

El crimen de Pataz ha despertado una ola de indignación nacional, convirtiéndose en símbolo del abandono estatal en zonas estratégicas. Mientras se esperan acciones concretas del Gobierno, la exigencia de seguridad y justicia se ha convertido en un clamor transversal desde los sectores productivos del país.