Por Ernesto Álvarez Miranda, publicado en Expreso

La sentencia “Filiales” del TC declaró el estado inconstitucional del sistema universitario en el Perú, entre otros motivos, porque la ínfima calidad ofrecida por la mayoría de universidades públicas y privadas constituía un verdadero fraude a las pretensiones de miles de familias que aspiraban lograr el ascenso social mediante una carrera universitaria para sus hijos; la ANR funcionaba condicionada por su conformación interna, de solo rectores, normalmente de las peores universidades; pero también el Estado era culpable, porque no asumía ninguna responsabilidad en dotar de mejores recursos y gestión a la universidad pública.

El statu quo se quebró para crear nuevas casas de estudio con cargo a un presupuesto público inexistente, para satisfacer el apetito de políticos irresponsables, tanto nacionales como locales. En aquella ocasión el TC exhortó la formación de una Superintendencia para suprimir los defectos del sistema, respetando la autonomía consagrada en la Constitución.

Después de 8 años de errores y aciertos de la Sunedu, se ha corregido su dependencia directa al gobierno de turno, el que designaba a personalidades del partido oficialista en el comité que “seleccionaba” a tres directivos, el otro era designado por Concytec, cuyo titular es nombrado por la PCM, y el ministro en persona colocaba al quinto directivo, quien presidía.

Ahora el presidente debe ser elegido por los nuevos directivos, quienes provienen de los colegios profesionales, del Concytec, del Sineace, otro del Minedu, dos de universidades públicas y uno de las privadas. Esto difiere en mucho el modelo ANR, y otorga mayor autonomía universitaria respecto de la perspectiva ideológica de cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda.

La nueva Sunedu debe recuperar la idea original de la sentencia “Filiales”, pues si bien las universidades particulares han mejorado su oferta educativa, la mayoría de las públicas continúan sin elevar su calidad educativa y carecen de gestores que utilicen con eficiencia los recursos que disponen. Es la universidad pública la llamada a concretar el principio de Igualdad de Oportunidades, y es allí donde debe ponerse énfasis, a diferencia de la vieja Sunedu que actuaba arbitrariamente en función de la conveniencia política, con el foco puesto en las particulares ajenas al “consorcio”.

No tiene sentido pretender que cada provincia tenga su propia universidad, pues no hay tantos profesores capacitados para enfrentar con éxito el rigor académico necesario para la creación de profesionales; antes bien, debería pensarse en poner a las universidades públicas ineficientes dentro de la estructura de las prestigiosas, así la Nacional de Trujillo debería ser la líder en el Norte, San Marcos y UNI en el Centro, y Abad y San Agustín en el Sur.