El Poder Ejecutivo prepara un proyecto de ley para solicitar facultades legislativas al Congreso con el fin de actualizar el marco normativo y ampliar la participación de la inversión privada en el Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social.

La iniciativa, que aún debe ser evaluada y aprobada por el Consejo de Ministros, busca promover el desarrollo de infraestructura penitenciaria y mejorar la gestión de los establecimientos de reclusión.

La propuesta contempla la creación de un nuevo marco legal que permita fomentar la inversión privada en la construcción, administración, operación y prestación de servicios relacionados con el sistema penitenciario. Asimismo, prevé impulsar asociaciones público-privadas (APP) y otros mecanismos de promoción de inversiones para ejecutar proyectos destinados a incrementar la capacidad y optimizar el funcionamiento de los penales del país.

El proyecto también establece la definición de competencias para la promoción, contratación, supervisión y ejecución de estas iniciativas. Según el documento, estas medidas forman parte de una reforma integral orientada a reorganizar el sistema penitenciario, fortalecer su administración, elevar los estándares de seguridad y mejorar la gestión de los establecimientos de internamiento.

Otro de los aspectos centrales de la propuesta es la regulación de la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en funciones de dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo dentro de los penales. El Ejecutivo señala que esta intervención se realizaría conforme al marco constitucional vigente y tendría como finalidad recuperar el control de los establecimientos penitenciarios y fortalecer la seguridad del sistema.

Además, la iniciativa busca reforzar los programas de tratamiento y reinserción social de las personas privadas de libertad mediante mejoras en las condiciones de trabajo, capacitación, alimentación y remuneración. El proyecto precisa que estas reformas deberán implementarse garantizando el respeto de los derechos fundamentales de los internos y condiciones adecuadas de internamiento, aunque el texto aún podría sufrir modificaciones antes de ser remitido al Congreso.