El Gobierno oficializó la destitución de Max Anhuamán Centeno como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y en su lugar designó a Alejandro Oviedo Echevarría, una figura cuestionada por diversas denuncias en su historial. La medida fue formalizada mediante una Resolución Suprema publicada en el diario oficial El Peruano, generando inmediata controversia en el ámbito político y mediático.

El congresista Fernando Rospigliosi había advertido días atrás sobre esta posible decisión, señalando al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, como principal impulsor del cambio. Anhuamán, quien asumió el cargo apenas en febrero de este año, venía siendo reconocido por su labor técnica y perfil profesional enfocado en mejorar la seguridad nacional.

El nuevo titular de la DINI arrastra una serie de antecedentes que han levantado alarma. Según la Contraloría General de la República, estuvo vinculado a la compra irregular de mascarillas durante la pandemia, lo que generó un perjuicio económico de más de 124 millones de soles. Además, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación en su contra por presunto delito de corrupción de funcionarios.

Alejandro Oviedo también fue parte de la comisión de transferencia del Ministerio del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo y ha sido investigado por la Oficina de Asuntos Internos por presuntas irregularidades administrativas. Asimismo, su nombre apareció en una denuncia por interceptación telefónica al expresidente Alan García, caso en el que alegó que se trató de una operación de seguridad.

Diversos sectores han cuestionado el trasfondo del nombramiento, acusando al Gobierno de responder a intereses políticos y de colocar a personas afines a ciertos grupos de poder. La remoción de Anhuamán ha sido calificada como una medida arbitraria que pone en riesgo los avances alcanzados en inteligencia y lucha contra la criminalidad, en momentos en que el país atraviesa una severa crisis de seguridad.