Un reciente informe de la Contraloría General de la República señala que el Estado peruano sufrió un perjuicio económico de más de 482 millones 696 mil soles por causa de la corrupción e ineficiencia en los gobiernos regionales.

Se ha logrado establecer que son exactamente 2 mil 183 servidores regionales y otros funcionarios quienes han ocasionado esta gran pérdida económica, tan importante para brindar servicios a la población que más lo necesita.

En términos netos de irregularidades y corrupción, son cinco las autoridades regionales que se encuentran en prisión, y otros 22 se encuentran bajo investigación fiscal por estos mismos conceptos.

La mayoría de los sentenciados e investigados se presentaron en las campañas electorales como luchadores sociales de izquierda, quienes iban a poner en primer lugar a los más pobres, sin embargo, la gran mayoría priorizó sus intereses de manera delictuosa, favoreciendo a empresas de manera irregular y haciendo crecer su patrimonio en forma injustificada.