La Universidad de San Martín de Porres llevó a cabo la sesión número 128 de la Cátedra Perú, centrada en el tema “Minería Ilegal: retos, impactos y soluciones”. El evento reunió a destacados especialistas como Rafael Belaúnde Aubry, Carlos Gálvez Pinillos, Roque Benavides Ganoza y el alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariños, quienes coincidieron en señalar que la minería ilegal representa hoy uno de los principales desafíos económicos, sociales y ambientales del país, por su vinculación con redes criminales y la destrucción de ecosistemas.

Durante la inauguración, el director de Cátedra Perú, Hugo Guerra Arteaga, advirtió que la minería ilegal no es una actividad de subsistencia, sino una economía criminal altamente organizada. Señaló que su avance en regiones como Madre de Dios ha provocado daños irreversibles, como la pérdida de 50 mil hectáreas de la Reserva Nacional de Tambopata. Asimismo, alertó sobre el fracaso del sistema de formalización vigente y la necesidad de reformas urgentes para frenar la impunidad.

El alcalde de Pataz relató la compleja situación que enfrenta su provincia, donde la minería artesanal es ancestral, pero ahora coexiste con mafias violentas que han generado asesinatos y caos social. Defendió la legalización de los pequeños mineros verdaderos y propuso que se les permita trabajar en áreas concesionadas no utilizadas. También denunció el abandono histórico del Estado y reclamó una distribución más justa del canon minero para su región.

Rafael Belaúnde planteó que la informalidad minera no debe confundirse con criminalidad, y defendió el derecho de los excluidos históricamente a integrarse a la economía mediante mecanismos equitativos. Propuso reducir el tamaño mínimo de las concesiones a diez hectáreas y castigar la inacción de los actuales titulares que bloquean el acceso a recursos por falta de uso efectivo.

Carlos Gálvez recordó que la minería formal cumple estándares laborales, tributarios y ambientales, mientras que los ilegales operan sin ningún control, incluso explotando personas en condiciones cercanas a la esclavitud. Rechazó la propuesta de permitir al Estado comprar mineral sin verificar su procedencia y advirtió que ello legalizaría el saqueo y desincentivaría la formalización.

Finalmente, Roque Benavides enfatizó que el problema no es el tamaño de la minería, sino la responsabilidad con la que se opera. Planteó como solución fortalecer la fiscalización sobre las plantas que compran mineral ilegal, promover contratos con pequeños productores y crear una ley específica para la pequeña minería formal. Todos los ponentes coincidieron en que la inacción estatal perpetúa la impunidad y mina la confianza ciudadana en la legalidad.