El gobierno encabezado por Gabriel Boric en Chile ha promulgado un nuevo impuesto sobre la actividad minera que está generando controversia. El impuesto, conocido como "impuestazo", afecta a las grandes empresas mineras y ha sido criticado por su potencial impacto en la competitividad del país y en la principal fuente de divisas, que es la minería de cobre.

Este impuesto presenta varias características. Se aplica un impuesto especial a las ventas con una tasa ad-valorem del 1% para empresas mineras que produzcan más de 50 mil toneladas anuales. Además, hay un impuesto adicional que varía entre el 8% y el 26% según el margen operativo de las empresas.

El proyecto establece tasas impositivas muy elevadas, llegando al 46.5% para las empresas con una producción anual superior a las 80,000 toneladas. Las estimaciones indican que la carga tributaria efectiva para el sector minero podría ascender al 44.7%, considerando otros impuestos como el de sociedades y la tributación sobre dividendos. Esta carga tributaria es más alta que la de países competidores como Estados Unidos, Canadá, Perú y Australia.

Aunque el impuesto se justifica como una forma de compensar las externalidades negativas de la actividad minera en las comunidades locales, la falta de compensación con reducciones fiscales ha suscitado preocupaciones sobre su impacto en la competitividad y el atractivo de la inversión en el sector.

El gobierno espera recaudar alrededor de US$ 1,350 millones anuales con este impuesto, destinando los recursos a proyectos para compensar las externalidades.