Con 17 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti por el escándalo del Vacunagate.

Ambos fueron denunciados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por vacunarse irregularmente contra el covid-19.

El 30 de setiembre de 2020, Germán Javier Málaga, investigador principal del ensayo clínico en Fase III de la vacuna Sinopharm contra la covid-19, señaló que el expresidente mostró su interés por las vacunas que se estaban aplicando al personal perteneciente al ensayo clínico.

Además, se indica que Vizcarra pidió que le otorguen vacunas adicionales para su esposa Maribel Díaz y su hermano César Vizcarra, quienes habrían sido inoculado con una dosis de la vacuna Sinopharm.

Vizcarra habría abusado de su cargo como jefe de Estado para inducir a Málaga a que le dé vacunas para él y sus familiares, pese a que las vacunas en mención eran parte del lote que había sido enviado únicamente para inmunizar al equipo de investigación y al personal relacionado con el ensayo.