La Asociación de Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú (ADOGEN PNP) se pronunció sobre la controversia surgida entre el congresista Fernando Rospigliosi y la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, señalando que las críticas formuladas por el parlamentario se enmarcan en su función pública y no constituyen ataques de carácter personal.

En un comunicado, la organización sostuvo que las observaciones realizadas por el legislador se relacionan con la actuación de Espinoza cuando ejercía el cargo de fiscal de la Nación, especialmente en procesos judiciales que involucraron a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional durante la lucha contra el terrorismo.

Según el pronunciamiento, las críticas al desempeño de funcionarios públicos forman parte del debate político y deben entenderse dentro del ámbito del ejercicio del cargo. En ese sentido, ADOGEN PNP indicó que los cuestionamientos del congresista no se refieren a la vida privada de la exmagistrada, sino a decisiones adoptadas durante su gestión al frente del Ministerio Público.

La asociación también advirtió que recurrir a otros poderes del Estado para censurar o limitar las atribuciones de un parlamentario podría sentar un precedente negativo para el funcionamiento del sistema democrático. En ese marco, recordó que la Constitución reconoce la inmunidad parlamentaria y la inviolabilidad por opinión de los congresistas en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, citó el artículo 16 del Reglamento del Congreso, que establece que los parlamentarios no pueden ser procesados ni detenidos sin autorización del Parlamento o de la Comisión Permanente, lo que —según el comunicado— refuerza las garantías institucionales para el ejercicio de la representación política.

Finalmente, ADOGEN PNP reafirmó su respaldo a quienes participaron en la lucha contra el terrorismo en el país y destacó la reciente aprobación de la Ley N.º 32107, cuya constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal Constitucional del Perú. La organización señaló que esta norma representa un avance para brindar seguridad jurídica a militares y policías que contribuyeron a la pacificación del país.