La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) impuso una multa de más de 34 mil soles al Instituto de Defensa Legal (IDL), tras detectar irregularidades en el uso de fondos internacionales dirigidos a un proyecto que involucró convenios con una ONG que no pudo ser localizada.

Es la primera vez que la APCI sanciona de esta manera a dicha organización, marcando un precedente en el control del financiamiento extranjero en el país.

La sanción se origina en la supervisión del proyecto “Una institucionalidad democrática con derechos ante riesgos y amenazas en contexto de pospandemia”, financiado por la fundación Open Society con más de un millón de dólares. Según la documentación oficial, IDL obstaculizó el proceso de verificación al no facilitar una reunión programada con la ONG Comisedh, entidad que debía rendir cuentas sobre el uso de los recursos asignados.

Durante una fiscalización en noviembre de 2024, la APCI intentó verificar directamente a Comisedh, pero no logró concretar la entrevista. La responsable financiera de IDL, Angie Gutiérrez, admitió que dicha ONG no respondía a los intentos de contacto, lo que generó retrasos e incertidumbre respecto al destino de los fondos. Esta falta de colaboración fue clave para que se tipificara una infracción administrativa grave.

Además, una investigación realizada por el equipo periodístico de 'ContraCorriente' reveló que la dirección registrada por Comisedh no mostraba señales de funcionamiento real. Fuentes vinculadas al caso señalaron que el local visitado funcionaría solo como fachada, lo que alimentó aún más las sospechas sobre el uso irregular de los recursos internacionales.

La resolución de la APCI sienta un hito en la supervisión de fondos provenientes de la cooperación internacional y envía un mensaje claro sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en todas las organizaciones que reciben este tipo de financiamiento.