El acuerdo de colaboración judicial entre Perú y Brasil, pieza clave en las investigaciones del caso Lava Jato, atraviesa su momento más crítico tras la decisión del gobierno brasileño de suspender por 90 días la asistencia jurídica. El abogado procesalista Wilber Medina advirtió que esta medida podría marcar el inicio de una ruptura definitiva, dejando en evidencia lo que considera un acuerdo mal diseñado y sin previsiones efectivas.

Medina criticó que el convenio firmado con Odebrecht otorgó beneficios desmedidos a la empresa sin garantizar una contraparte sólida en términos de cooperación judicial. Según explicó, el pacto no contempla sanciones contra colaboradores como Jorge Barata, quienes, dijo, han brindado testimonios de forma discrecional y sin consecuencias legales por su falta de colaboración.

Desde su perspectiva, el Ministerio Público peruano carece de herramientas eficaces para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por la parte brasileña. “Ni Vela ni Domingo Pérez pueden hacer cumplir el acuerdo. Lo único que han intentado es pedir prisiones preventivas como gesto simbólico”, señaló Medina, al considerar que se debilitó gravemente la capacidad de negociación del Estado peruano.

El jurista sostuvo además que Brasil percibe un uso inadecuado de la información proporcionada por Odebrecht, al considerar que Perú estaría persiguiendo judicialmente a los colaboradores protegidos por el acuerdo. En ese sentido, alertó que la suspensión inicial podría extenderse y transformarse en una cancelación permanente del pacto de cooperación.

Uno de los efectos más preocupantes de esta fractura sería la paralización de extradiciones clave, como la de Nadine Heredia. Medina advirtió que figuras políticas investigadas, como Susana Villarán o incluso Martín Vizcarra, podrían aprovechar este vacío judicial para evadir a la justicia, amparándose en un eventual asilo en territorio brasileño.

A pesar del escenario crítico, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, minimizó el impacto de la suspensión y aseguró que las investigaciones seguirán su curso. “No hay afectación en nuestras diligencias ni en la judicialización del caso”, declaró, aunque evitó pronunciarse sobre el deterioro de la relación bilateral con Brasil.

En medio de estas posiciones enfrentadas, crecen las críticas al rol de Odebrecht en la justicia peruana. Medina sostiene que la empresa ha influido en el Ministerio Público, incluso promoviendo cambios de fiscales según su conveniencia. El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los acuerdos de colaboración, especialmente cuando no existen sanciones claras ni garantías de reciprocidad.