Patricia Benavides había comunicado formalmente a Delia Espinoza que debía cesar en sus funciones como fiscal de la Nación antes del ingreso fallido a su despacho, según se detalla en un oficio enviado el 13 de junio. La misiva fue remitida vía mesa de partes electrónica tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que anuló su destitución y dispuso su reincorporación inmediata.

En el documento, Benavides exigió a Espinoza abstenerse de seguir ejerciendo funciones, advirtiendo que hacerlo podría constituir una falta administrativa e incluso un ilícito penal. También invocó los artículos 16 y 17 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, los cuales indican que un acto administrativo es eficaz desde el momento de su emisión si no se establece lo contrario.

El oficio aclara que no se requería audiencia, mediación u otro procedimiento previo para que se ejecute lo dispuesto por la JNJ. Asimismo, recalca que la restitución anulaba todas las medidas disciplinarias en su contra y habilitaba el uso pleno de sus atribuciones como titular del Ministerio Público.

A pesar de ello, el 16 de junio Delia Espinoza rechazó el ingreso de Benavides al despacho de la Fiscalía, aduciendo la falta de una reunión previa. Esta actuación podría configurar una desobediencia directa a una resolución ya notificada y en plena vigencia, generando nuevas tensiones dentro del sistema fiscal peruano.