El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional admitió a trámite el hábeas corpus presentado por el Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL) a favor del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Magallanes, investigado por el presunto homicidio calificado del manifestante Eduardo Ruiz. La resolución, registrada el 20 de octubre, cuestiona la orden de detención preliminar de siete días dispuesta por el Poder Judicial.

El recurso constitucional sostiene que la medida vulnera la Ley 32181, que garantiza la presunción de inocencia y protege la actuación policial cuando los agentes usan sus armas reglamentarias en cumplimiento de su deber. Según la demanda interpuesta por el abogado Jesús Poma Zamudio, la resolución judicial omitió aplicar dicha norma pese a haber sido invocada por la defensa durante la audiencia de detención.

La Ley 32181, vigente desde 2023, establece que no se puede ordenar detención preliminar a policías que participen en intervenciones operativas y cuyo accionar derive en lesiones o muertes, siempre que se encuentren en el ejercicio de sus funciones. En ese contexto, el IDL-POL argumenta que el juez Abel Centeno Estrada, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, debió disponer una medida alternativa como comparecencia con restricciones.

El hábeas corpus también está dirigido contra el fiscal Roger Yana Yanqui, de la Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, quien solicitó la detención del suboficial. La defensa sostiene que dicha medida vulnera el marco legal vigente y constituye un acto inconstitucional que afecta los derechos fundamentales del agente.

El Poder Judicial deberá resolver en los próximos días si la detención de Magallanes se ajustó a ley o si corresponde su anulación. El caso ha reavivado el debate sobre la aplicación de la normativa que protege a los efectivos policiales en operativos y los límites del uso de la fuerza durante intervenciones en contextos de protesta social.